La acción colectiva ambiental y la construcción política del problema de los residuos sólidos urbanos.

El cierre del relleno sanitario de villa domínico: controversias y aprendizajes

María Gabriela Merlinsky

Investigadora CONICET

Instituto de Investigaciones “Gino Germani”

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

merlinsk@retina.ar

Introducción

En los conflictos ambientales que se suscitan en el territorio, intervienen las diferencias valóricas (Bingham, 1986), pero además juegan un papel primordial los intereses y el nivel de información que tengan los actores con respecto a las externalidades y sus consecuencias sobre la salud, el medio ambiente o la economía local (Sabatini, 1997).

Así, un determinado impacto ambiental provocado por una intervención en el territorio se traduce en problema ambiental cuando la población puede aprehender su riesgo potencial. La conciencia ambiental incluye información sobre los impactos, así como la interpretación de esa información a la luz de intereses y valores. El contexto social y cultural es importante en la formación de esa conciencia, cuyo aumento estimula la acción organizada de la comunidad local para resistir las externalidades y los impactos asociados. Es entonces cuando se generan los conflictos.

En Argentina las movilizaciones sociales y las acciones colectivas en torno a demandas socio-ambientales alcanzaron su momento de mayor masividad y visibilidad pública en 2006. No obstante, es posible reconocer un período de lenta maduración de este proceso mediante el cuál esa diáspora de reclamos fue cristalizando en torno a la construcción social y política de la cuestión ambiental como asunto público. Estas demandas fueron construyendo “problemas públicos” en torno a asuntos diversos tales como la gestión de los residuos sólidos urbanos, la minería a cielo abierto, la contaminación por agroquímicos o la carencia de una gestión de cuencas. En cada situación local, los actores han construido el problema a partir del cruce no intencional de diferentes líneas de acción y especialmente, siguiendo las huellas de diferentes lenguajes de valorización territorial.

En la Región Metropolitana de Buenos Aires, el conflicto en torno al cierre del relleno sanitario de Villa Dominico es, sin duda, un punto de inflexión en términos de la visibilidad política del problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Los reclamos y medidas de presión de las organizaciones sociales para lograr el cierre de un relleno sanitario colapsado contribuyeron a la identificación del problema en su escala metropolitana y asimismo referenciar sus impactos contaminantes, sus consecuencias sobre la salud y con respecto a las alteraciones en el ecosistema del río de la Plata. El caso generó visibilidad en términos de un cuestionamiento político a los vacíos de orientación pública en la gestión del territorio y sus consecuencias en la distribución de ventajas y desventajas ambientales.

El punto más álgido de la conflictividad ambiental ocurrió entre los años 2001 y 2002 cuando un grupo de madres, las “Madres de las Torres”[1] logró conquistar el apoyo de las organizaciones locales y asimismo reclutar a las autoridades municipales de Avellaneda, para exigir al CEAMSE el cierre definitivo del relleno sanitario. La polución ambiental originada por el venteo de los gases del relleno sanitario produjo la aparición de enfermedades (leucemia, alergias y problemas respiratorios) entre un número muy importante de niños. Con varios niños fallecidos por leucemia, el reclamo se transformó en una explosión de indignación y movilización. La asamblea vecinal de Wilde y varias ONGs locales se sumaron a la protesta: “escraches” a funcionarios, manifestaciones en la sede de la empresa contratista, “sentadas” frente a las puertas de ingreso del relleno sanitario y marchas y movilizaciones por las calles de los barrios lindantes. Con un final anunciado, el relleno sanitario cerró definitivamente en enero de 2004 y este proceso marca el final de una etapa en la gestión de los residuos sólidos urbanos en Buenos Aires. Desde ese momento hasta el presente, la estrategia de multiplicar los sitios de disposición final de residuos [2] está condenada al fracaso, pues a cada nuevo anuncio de construcción de un relleno sanitario le sigue una escalada de protestas y resistencias de parte de las poblaciones potencialmente afectadas.

En este trabajo nos proponemos analizar esta historia a la luz de los cambios en la atribución de significado que se han ido generando a partir de estos episodios de conflictividad social y ambiental . Nos interesa centralmente analizar las controversias socio-técnicas, pues estas son un mecanismo eficaz, al decir de Callon, en la exploración de “estados de mundos posibles” (Callon, 2001).

En los debates sobre rellenos sanitarios, plantas de celulosa, minería a cielo abierto, agroquímicos y monocultivo de soja, por señalar sólo algunos de los recientes conflictos ambientales en Argentina, cuando los ciudadanos formulan interrogantes en torno a las consecuencias futuras de diferentes emprendimientos y proyectos plantean un cuestionamiento que contribuye a una “reconfiguración social” del problema. Los protagonistas que hacen surgir el conflicto, cuestionan la frontera entre lo técnico y lo social, e introducen, de ese modo, una indeterminación que no será clausurada sino al término de la controversia (Callon, et al., 2001: 47). Los conflictos cumplen así el papel de extender la discusión sobre “estados de mundos posibles” al tiempo que amplían la exploración de argumentos, tomando en cuenta una pluralidad de puntos de vista, demandas y posibles respuestas. Se constituyen así, en “dispositivos de exploración y de aprendizaje colectivo” (Callon, et al., 2001: 50).

Como hemos indicado, no estamos hablando solamente de conflictos cognitivos, pues hay un nexo estrecho entre intereses y valoraciones. Una forma de rastrear las posiciones e intereses de los actores en el conflicto es ver sus consecuencias (que queda después del conflicto) en las formas concretas de control del espacio y en la distribución de las ventajas y desventajas en los diferentes usos del territorio.

En este artículo nos proponemos describir y analizar el conflicto en torno al cierre del relleno sanitario de Villa Domínico buscando dar cuenta del proceso histórico de enrolamiento de diferentes actores en la construcción del problema. Enfocaremos el análisis del caso a la luz de su valor heurístico en referencia a la apertura de puntos de tensión institucional, política, social y ambiental en la gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires.

La secuencia que seguiremos en esta exposición será la siguiente. En primer lugar, haremos un breve recuento de los principales ejes de estructuración del problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires. Buscaremos mostrar su dinámica histórica y las razones que explican el momento actual caracterizado como una crisis político-institucional metropolitana.

En segundo lugar, a partir del análisis de los testimonios recogidos mediante entrevistas y registros fílmicos [3], buscaremos analizar el caso a la luz de los puntos de tensión entre las diferentes posiciones de los actores reclamantes. Luego de un breve racconto histórico del conflicto, nos concentraremos en escribir el proceso de reclutamiento y movilización de los actores al tiempo que mostrar el modo en que el conflicto entre intereses y posiciones de los actores han ido generando nuevos repertorios de problemas.

Finalmente, buscaremos mostrar cuáles son, al decir de Bruno Latour, los puntos de pasaje obligatorio que han permitido la inscripción pública del problema. Aquí buscaremos puntualizar cuáles son los temas que van sedimentando como cuestiones clave en las agendas de las organizaciones territoriales.

Es nuestro interés mostrar la productividad que tienen estos debates para enriquecer diferentes puntos de vista sobre la cuestión ambiental y en la construcción del debate político sobre los problemas estructurales en la gestión pública de los problemas metropolitanos. Como veremos, actores y repertorios de problemas están enlazados a través de un vínculo cuya naturaleza política debe ser resaltada.

La gestión de los residuos sólidos urbanos en Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires, la gestión del sistema de residuos sólidos urbanos es un ejemplo claro de lo que los ecólogos y urbanistas denominan anomalías en el metabolismo de la ciudad [4]. La ciudad metropolitana enfrenta problemas en el circuito de recolección, por un lado, donde un sistema mercantilizado compite con un circuito de separación y clasificación que llevan adelante los recuperadores urbanos (cartoneros), actores extremadamente empobrecidos, con condiciones de trabajo precarias y asimismo, únicos gestores de una externalidad positiva en la reducción del volumen y en la valorización de los residuos. Por el otro lado, existen dificultades en el tratamiento y disposición final de los residuos, debido a fallas ostensibles en la operación de los rellenos sanitarios. Como consecuencia de ello, en los últimos años se observa una creciente conflictividad en torno a la localización de las plantas de transferencia y relleno,[5]. Finalmente, no existe en la actualidad una política integrada de gestión que incentive la reducción, reuso y reciclado en origen.

Este problema tiene una historia larga, cuya vinculación remite a un déficit estructural en la gobernabilidad metropolitana. En este conglomerado de ciudades hay una conjunción territorial de espacios administrativos de distinto nivel que se articula con un único gerenciador de la disposición final de los residuos: la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Este organismo, creado a partir de un convenio celebrado entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy ciudad autónoma- el 6 de mayo de 1977 (Ley 20.705), tiene como función esencial, entre otras, la planificación, proyección y ejecución por sí, o mediante contratación de terceros, de la disposición final de los residuos domiciliarios de toda el Área Metropolitana, mediante el procedimiento de relleno sanitario. En esos términos, este organismo tiene en la práctica la llave técnica y política de las decisiones de largo plazo en relación con la gestión integrada de los residuos. Si bien CEAMSE es un organismo interjurisdiccional, la inercia institucional de sus políticas va más allá de los períodos de gobierno (notablemente ha sobrevivido a una institucionalidad generada por un gobierno de facto) lo que tiene consecuencias sobre las decisiones de la gestión de los residuos sólidos urbanos en toda la región metropolitana.

En la actualidad en la ciudad metropolitana se producen diariamente 17000 toneladas de basura, cerca del 30 % (5000) se genera en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el resto en los municipios restantes. La CABA, Capital Federal de la Argentina, bautizada como una “isla del primer mundo enclavada en un área de pobreza” (Prevot Shapira, 2005), concentra el 25 % del producto bruto interno nacional (PBI), representa no más que un cuarto de la población de la metrópolis y sin embargo produce casi un tercio del total de los residuos urbanos (Carré, 2008). Estos residuos van a parar en su totalidad a los rellenos sanitarios del conurbano, impulsando un modelo de gestión centrífugo cuya premisa es que los residuos deben disponerse en el borde de la urbanización. Esto permite que los generadores de residuos puedan desentenderse de sus responsabilidades e ignorar su cuota de participación en el problema ambiental y social que genera la basura: « Out of sight, out of mind» (Melosi, 2005: 17).[6]

[Insertar Mapa 1: El modelo metropolitano de la gestión de los residuos en Buenos Aires] (ver archivo en pdf)

En ese marco, el debate sobre la gestión integrada de residuos sólidos urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires es relativamente reciente y es un emergente de la crisis de este modelo cuyas consecuencias más gravosas se hicieron visibles a partir de 2001 como crisis social primero y como problema ambiental después.

Como respuesta a una creciente demanda social en torno a la protección de los recuperadores informales y frente a vacíos importantes en la regulación de los contratos de concesión de la recolección de residuos sólidos domiciliarios, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó en noviembre de 2005 la ley 1854, “Ley de basura cero”. La legislación plantea reducir de un modo paulatino la cantidad de basura que se envía diariamente a los rellenos sanitarios. El cronograma pautado en la letra de la ley estipula que el volumen deberá disminuir en un 50 % para 2012 y en un 75 % hacia 2017. Con ese fin, el texto reformula el sistema de recolección y enterramiento de la basura sólida y enfatiza la práctica del reciclaje que, permitiría valorizar los residuos y mejorar las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos. Para ello la ley propone la construcción de cinco Centros Verdes, donde también se llevarán a cabo tareas de reciclaje.

En diciembre de 2006, en la provincia de Buenos Aires se sancionó la Ley 13592/06, la cual asigna nuevas atribuciones a los municipios en materia de “gestión integral de los residuos sólidos”. La ley establece que en un plazo no mayor a los seis meses de su sanción, los municipios deberán presentar a la Autoridad Ambiental Provincial un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. La presentación de dicho programa, habilita que los municipios tengan mayores competencias en lo que hace a la recolección y disposición final y, especialmente, los obliga a desarrollar acciones tendientes a la reducción del 30% de los residuos con destino a la disposición final en el lapso de 5 años. El nuevo instrumento legal habilita a los municipios a desvincularse del sistema CEAMSE, pudiendo optar por desarrollar un sistema propio de disposición final, asimismo permite la conformación de consorcios regionales para el aprovechamiento de economías de escala en cualquiera de las etapas de la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, es posible observar que muy poco se ha evolucionado en términos de un sistema de gestión integral de los residuos sólidos urbanos. La ley de basura cero no pasa su prueba de control ante las últimas cifras publicadas por el CEAMSE: entre 2004 y 2009 la ciudad habría aumentando la generación de basura, de 1.492.867 a 1.847.748 de toneladas, es decir un aumento del un 24 %. En 2008, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmaron un acuerdo estableciendo que la administración porteña financiaría la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios y de dos plantas de transferencia. A cambio de ello la provincia de Buenos Aires gerenciaría el proyecto logrando establecer acuerdos duraderos para su localización. Sin embargo, esos planes no se han cumplido y la falta de soluciones estructurales, sumado al aumento del volumen de residuos que exporta la Ciudad de Buenos Aires hacia el conurbano, ha multiplicado los conflictos interjurisdiccionales. Varios municipios se negaron a recibir residuos en sus rellenos sanitarios [7] y el gobernador de la provincia de Buenos Aires recientemente ha recriminado duramente a su par en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el incumplimiento de la Ley de Basura Cero.

Como nunca antes, el problema, que es referencia obligada en los medios de circulación nacional por los cruces de declaraciones y manifestaciones de los representantes de los gobiernos jurisdiccionales, se manifiesta en su escala metropolitana, deja visible su relación estrecha con la ausencia de políticas de ordenamiento ambiental del territorio y aparece en fin, como una marca indeleble de las diferentes formas que asume la segregación urbana.

El cierre del relleno sanitario Villa Domínico: una historia con final abierto[8]

En agosto de 1978, el CEAMSE, lanzó el concurso a licitación para la recuperación, forestación y urbanización de la zona costera del Río de la Plata. La firma Syusa (Saneamiento y Urbanización Sociedad Anónima) empresa subsidiaria de Techint, resultó la adjudicataria, asumiendo la obligación, vía contractual, de instalar y gestionar un relleno sanitario en un área aproximada de 300 hectáreas, localizada a la vera del Río de la Plata, en la zona costera que dibuja el limite entre los partidos de Avellaneda y Quilmes. A partir de allí, se construyó el relleno sanitario de Villa Dominico, Wilde; donde, durante veintiséis años se fueron acumulando los residuos del conjunto de la Capital Federal y de algunos municipios del conurbano bonaerense.

El contrato de adjudicación original, estipulaba su vigencia hasta el año 1998. A partir de esa fecha, la empresa, a cambio de las tareas de relleno y tratamiento de los residuos, recibiría un tercio de las tierras recuperadas y debería devolver los dos tercios restantes para el uso público, con el debido trabajo de forestación. La propuesta original, presentada con el asesoramiento de la consultora Caldwell, Conell Engineers, se habría de respetar durante los primeros años.

Diez años después de la licitación, la empresa subsidiaria Syusa, comenzó a considerar los terrenos en cuestión para el desarrollo de un eventual emprendimiento inmobiliario.

En 1992, a raíz de la falta de tierras o la insuficiencia de las mismas para una creciente cantidad de residuos, la empresa comienza a hacer un uso más intensivo de las tierras, sobre todo en las áreas Bosch, Patalano y Dock Sud. En el año 1993 se autoriza, de hecho, el relleno en altura, confirmado el 28/12/94, por intermedio del acuerdo “Módulos RBA1” que abre el camino a lo que se denomina “Proyecto Intermedio”, el cual consiste en rellenar sobre terrenos ya rellenados (relleno en altura) introduciendo el concepto de “expansión vertical”. El 21/4/95 se firma otro acuerdo del mismo tenor (“Modulo RBA2”) y otros tantos el 22/7/96 y el 1/8/97 (“Modulo RBA3” y “RBQ1, RBA4a, Modulo de Limpieza de Basurales”, respectivamente.)

A principios de esa misma década, y en creciente coincidencia con el aumento del relleno en altura, el barrio Don Bosco, perteneciente al partido de Quilmes, se ve afectado por inundaciones recurrentes, aparentemente, ocasionadas por el elevamiento de napas que no escurrían correctamente hacia el Río de La Plata. Como consecuencia de dichos incidentes y de las protestas surgidas a su alrededor, se desestima definitivamente el emplazamiento de un segundo relleno sanitario, situado en el partido de Quilmes: “Villa Dominico 2”.

En 1997, comienzan las denuncias de los vecinos sobre las emanaciones de gases nocivos provenientes del relleno sanitario.

En septiembre de 1998, cuando vence el contrato que pone fin a las relaciones estipuladas entre el CEAMSE y la empresa concesionaria, la empresa continúa depositando los residuos en el relleno. A fines de ese mismo año, comienzan a detectarse una serie de casos de leucemia en la zona que superan ampliamente las medias habituales; los primeros reclamos judiciales no se hacen esperar. Durante 1999 se producen las primeras muertes; y esto acelera la presentación de nuevos casos ante la justicia (muchos de los cuales aún están pendientes de resolución).

En el 2000, ante la avalancha de reclamos y casos incriminantes, se suman a la causa las figuras de algunos intendentes, entre ellos el propio intendente de Avellaneda. En el periodo que va desde el 2001 al 2003 se desarrolla el punto mas álgido del conflicto y aumenta la visibilidad de la protesta en diferentes medios de comunicación. En el 2002 se conforma la red de organizaciones “Asamblea de vecinos autoconvocados afectados por el Ceamse”.

A fines del 2003, el cierre del relleno sanitario de Villa Dominico es un hecho, pese a no concretarse hasta el año siguiente.

Durante el mismo año, el intendente de Avellaneda Oscar Laborde, anuncia la creación de un paseo ecológico, por un lado, y por el otro, la realización, sobre una franja costera de 210 hectáreas, de un barrio privado que se llamaría “Marinas del Sur”, a cargo de la misma empresa, concesionaria del CEAMSE: Syusa. Finalmente, el proyecto no se lleva a cabo por la fuerte oposición de organizaciones ambientalistas, fomentistas y vecinalistas, como también de algunos partidos políticos.

El 31 de enero del 2004 se cierra finalmente y definitivamente el relleno sanitario y, posteriormente, se instituye una comisión legisladora, compuesta por autoridades de los municipios, del Ceamse, de Syusa y por representantes de asociaciones civiles, entre ellas de “Las Madres de las Torres de Wilde”. Durante el mismo año, la asociación ambientalista “Ambiente Sur”, presenta una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, con respecto a la propiedad de las tierras de Techint. La denuncia versa sobre la modificación del contrato, efectuada en el año 1994, a través de la inclusión del concepto de “expansión vertical”. A partir de este, se comienza a contar los metros en altura de “las montañas de basura”, modificándose sustancialmente, según consta en la denuncia, la repartición y la propiedad de las tierras correspondientes a la empresa concesionaria; incluyéndose, así, no solo el tercio correspondiente a las “áreas recuperadas”, sino también, la zona que incluye la selva marginal, el albardón costero y los humedales. La denuncia pasa a la justicia durante el transcurso del mismo año, pero no prospera y es archivada.

En septiembre del 2006, el entonces intendente de Avellaneda, anuncia un nuevo proyecto sobre la zona, un paseo ribereño que tomaría carácter de reserva municipal, para el cual Ambiente Sur acerca al municipio y a autoridades de la provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley provincial que no pasa a mayores.

En el año 2007 se comienza a avizorar los que serían los primeros lineamientos del actual proyecto “Nueva Costa del Plata”. El 13 de marzo del año 2008, se presenta, oficialmente, en el teatro Roma de Avellaneda, con presencia de los dos intendentes de los municipios involucrados, Avellaneda y Quilmes respectivamente, y de autoridades provinciales, entre ellas el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires y la secretaria de ambiente y desarrollo sustentable. Se trata de un emprendimiento inmobiliario de gran escala (230 hectáreas) para la construcción de equipamiento urbano, residencial (barrio privado) y recreativo que se pretende realizar a la vera de la costa del Río de la Plata, en los terrenos antes pertenecientes al relleno sanitario y los que se encuentran tras éste (entre el Río de la Plata, el canal Santo Domingo y la autopista Buenos Aires-La Plata) en áreas que otrora fueron declaradas como reserva natural en el marco de la zonificación urbana municipal. El proyecto amplia su área de influencia hacia la zona costera del río de la Plata en el partido de Quilmes. Es decir que el área del proyecto ocupa una porción del relleno sanitario desactivado y otra porción (aún más extensa) del territorio lindante.[9]

A partir de allí el conflicto se redefine en términos de una disputa por la apropiación del territorio, se complejiza la trama de actores locales y se genera una nueva controversia con final abierto referida a la utilización de los terrenos desactivados del relleno sanitario.

Las organizaciones territoriales: demandas, articulaciones y puntos de inflexión

El cierre del relleno sanitario es la consecuencia de un proceso de agregación de demandas donde la cuestión ambiental como asunto público se fue construyendo en un camino de doble vía: reclutamiento de aliados, por un lado, e inscripción del problema en torno a puntos de pasaje obligatorio, por el otro. Por lo tanto, antes de describir las controversias es importante señalar quiénes son los actores que han participado en este proceso.

En una primera instancia, las sociedades de fomento jugaron un papel muy importante. Se trata de antiguas organizaciones vinculadas al “fomentismo”, en las décadas del 30 y del 40, una época en que los sectores populares tuvieron acceso a la tierra de bajo costo (los loteos económicos), proceso facilitado por la subvención al transporte ferroviario y por la ausencia de regulaciones en el uso del suelo. Estas organizaciones tuvieron a su cargo la demanda y gestión de los recursos necesarios para la construcción de las vías de acceso al barrio, la provisión de los servicios de agua, electricidad, saneamiento, el acceso a los transportes de conexión con el ferrocarril (los colectivos) y el mejoramiento de los equipamientos colectivos. Los miembros de estas organizaciones tienen una memoria del territorio y una experiencia directa de sus vertiginosas transformaciones en las últimas décadas. A partir de allí fueron los primeros voceros en dar una señal de alarma.

“….es decir nosotros empezamos a desarrollar cuestiones vecinales a mi me gusta decir política. A veces parece como una mala palabra decir política. Yo te digo que la mayoría de la gente que estamos... y acá el vuelco no se da con el CEAMSE. Se da en el 92 más o menos donde acá se dio una cosa muy particular en el gobierno donde estaba María Julia Alzogaray que intentó poner en las tierras que van de Avellaneda a Quilmes un basurero de riesgo, querían usar ese lugar para volcar ahí o crear una planta de residuos peligrosos con todo un tratamiento… entonces ahí dijimos: “esto es rarísimo esto no puede ser” entonces nos empezamos a relacionar con otros vecinos que tenían otras inquietudes en otros distritos, en otras localidades”

(Juan, miembro Sociedad de Fomento de Don Bosco).

Entre inicios y mediados de los noventa, los vecinos históricos en estas organizaciones comenzaron a ver el territorio y su espacio vital como un ámbito de disputa con las autoridades, un lugar negado desde el punto de vista de sus usos potencialmente nocivos (basurales a cielo abierto, cables de alta tensión, rellenos sanitarios, industrias contaminantes, etc.) y –especialmente- a redireccionar sus demandas hacia nuevos repertorios de protesta, considerando que sólo son escuchados si sus demandas se hacen visibles en el espacio público En ese proceso, una clave de análisis fundamental es un mayor distanciamiento con las autoridades, en las que no se confía y a las que se ve como depositarias de intereses contrapuestos a la de los vecinos.

“…constantemente nos tenemos que estar ocupando de temas difíciles que hacen a la comunidad que los representantes, o pseudo-representantes que elegimos u optamos no se ocupan. Los vecinos hemos comprendido que esos personajes que hemos elegido tienen otros intereses y hoy estamos totalmente divorciados de las autoridades municipales…”

(representante Junta Vecinal, Don Bosco).

Hay un segundo grupo de organizaciones, de origen más reciente, quines han ido ganando protagonismo en el transcurso mismo del conflicto asumiendo la representación de las demandas de los afectados. En primer lugar, el agrupamiento de las “Madres de las Torres”, que fueron actores clave en el período inmediatamente previo y posterior al cierre del relleno sanitario. Estas mujeres jugaron un papel central en el proceso de atribución de significado, por el cual algo que pasaba antes desapercibido empieza a enunciarse como problema ambiental o más directamente como un problema grave que afecta la salud de la población. Ellas son las portadoras de la voz del conflicto, y testimonian dramáticamente exhibiendo su propia experiencia de vida como un caso testigo del impacto de la potencial amenaza sobre las condiciones de vida de la población.

“…Primero nos juntamos las mamás que teníamos los chicos afectados… las que nos empezamos a mover, a av eriguar, a hacer reuniones, todo. Luego se fueron agregando mamás que estaban muy interesadas en el tema, las maestras, se empezó a organizar un grupo de gente importante que nos reuníamos pero no éramos más de treinta personas…Cuando vino Telenoche Investiga a hacernos la nota ahí fue más público el tema entonces después de esa nota ya no sabíamos dónde reunirnos porque participaba todo el mundo. Todo el mundo estaba interesado ...Fue en el 2001. Ahí ya todo el mundo estaba interesado, estaba más interiorizado en el tema. Lo que pasa que nosotros no contábamos con muchos medios como para hacer más publicidad. Nosotros tratábamos de ... en boca en boca, con cartelitos chiquitos, no teníamos medios, somos todas laburantes y .. bueno, nos fuimos organizando ...”

(Marcela, Madres de las Torres).

En segundo lugar –entre los nuevos agrupamientos- se destaca una organización no gubernamental local: “Ambiente Sur”, sus integrantes jugaron un rol central en el proceso de traducción de las demandas en términos del lenguaje experto y en la construcción de acciones judiciales. Constituida en 1999, Ambiente Sur, está formada por un grupo de profesionales residentes en la zona sur metropolitana. Uno de sus integrantes describe los orígenes de la organización:

“Ambiente Sur se formó en el año 1999, y precisamente venía gente del vecinalismo, y había una ONG que no tenía personería jurídica en Avellaneda. No había una ONG en Avellaneda en condiciones de hacer las acciones legales que queríamos hacer. Entonces nos juntamos varios que ya veníamos trabajando juntos, y es una mezcla interesante de vecinalistas, profesionales, etc…”

(Ingeniero T., Ambiente Sur)

Este tipo de organizaciones es un actor articulador central en los reclamos socio-ambientales que se vienen multiplicando en los últimos años en la Argentina. La gran complejidad y multidimensionalidad de la cuestión ambiental es en este caso un factor condicionante. En cada debate que se multiplica es necesario definir cuestiones tan diversas y complejas como el nivel de peligrosidad de determinadas sustancias, la escala de producción y efluentes que puede tolerar el ecosistema de un río, el impacto admisible para la salud del uso de determinados fertilizantes, la estimación escenarios futuros, etc. etc. Para participar en estas discusiones, en consecuencia, se requiere un proceso de aprendizaje en el dominio científico y, frecuentemente, son los profesionales en cada comunidad (médicos, abogados, ingenieros, biólogos, arquitectos) los que asumen el papel de voceros para llevar adelante un proceso de argumentación “contra-experto”.

Luego, está la Asamblea Vecinal de Wilde, organización surgida al calor de los acontecimientos vinculados a la crisis político-institucional de diciembre de 2001. La asamblea asumió la construcción de una nueva agenda de participación local, lo que en la zona implicó asumir el problema de los impactos del relleno sanitario como tema convocante. En la práctica, la asamblea funcionó como espacio articulador de demandas y como un canal de movilización. Las protestas ganaron masividad, a partir de la confluencia de todas estas organizaciones en reclamos masivos en la vía pública, convocados por la Asamblea.

“…Aquí hubo lucha, la primera movilización fue en abril de 1997, cuando la asamblea de Wilde toma esto en sus manos los lleva a la calle, entonces que es lo que hace lo lleva a los vecinos a las calle a la movilización entonces que pasa porque la sociedad de Fomento de Don Bosco lucha, las madres luchan pero no toma envergadura, al tomar en sus manos la asamblea de Wilde esto logra ganar la calle …”

(N., Asamblea de Wilde).

En los últimos años, a partir del cierre del predio, y con la apertura de un nuevo ciclo del conflicto, que refiere a la disputa por la utilización de las tierras del relleno sanitario desactivado y en relación con la recuperación del pasivo ambiental. Aquí se presenta otro punto de inflexión, donde es posible ver un conflicto de intereses al interior de las organizaciones. La Asamblea de Wilde, Ambiente Sur y otras organizaciones más pequeñas se transformaron en los voceros de un potente movimiento ambiental que reclama por la recuperación del predio desactivado exigiendo su utilización como espacio público. El grupo de las Madres de las Torres, en cambio ha circunscripto su accionar a las acciones de remediación del relleno. En ese punto, las posiciones se bifurcan. Si la asamblea es la más firme opositora al “modelo CEAMSE” y a cualquier forma de disposición de la basura mediante enterramiento, las Madres de las Torres defienden la opción de los rellenos sanitarios controlados.

Lo que está por detrás como cuestión de fondo es la disputa por la mercantilización del suelo urbano. La utilización del relleno desactivado como ámbito de valorización inmobiliaria, inversiones de gran escala y equipamientos para consumos de alto poder adquisitivo representa un punto más alto en un conflicto que tiene como eje el control del territorio local y su ampliación hacia una región de enunciación más amplia: la franja costera del río de la Plata.

La aparición de una nueva organización: el Foro del Río de la Plata por la defensa de la salud y el medio ambiente, marca entonces la entrada en escena de un nuevo punto de inflexión en el proceso de atribución de significados. El foro está integrado por vecinos de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Ensenada. En esta articulación territorial la cuestión ambiental se vuelve un tema transversal de agenda para las organizaciones.

La inscripción pública del problema: saberes contra-expertos y aprendizajes colectivos

Al referirnos a las diferentes trayectorias de las organizaciones señalábamos que hay una evaluación con respecto a la interpretación de los eventos y su reconstrucción como “problema ambiental”. Esto último se conecta con el proceso de atribución de responsabilidad y, -consecuentemente- con las estrategias de confrontación/negociación que desarrollan las organizaciones.

Existe un importante consenso en relación a la atribución de responsabilidad al organismo de coordinación metropolitana. Para la mayor parte de los actores consultados la responsabilidad directa por la ocurrencia de los fenómenos le cabe al CEAMSE por haber tenido a lo largo de los años un rol organizador central en la gestión de los predios y en la fiscalización del manejo de los rellenos sanitarios concesionados a empresas contratistas.

Los actores demandantes señalan que cuando iniciaron sus reclamos el organismo no estaba preparado para dar respuestas a la población, pues durante varias décadas había contado con atribuciones discrecionales en relación a la disponibilidad del suelo en los municipios del conurbano bonaerense. Sus decisiones en torno a la utilización del espacio, nunca habían sido objeto de fiscalización externa. Cuando el conflicto estalla y los vecinos empiezan a plantear demandas por escrito, las respuestas no están a la altura de las circunstancias. El organismo responde sistemáticamente que sus actividades “no son contaminantes” y no da explicaciones con respecto a los daños ambientales y afectaciones a la salud, cuya constatación, para la mayor parte de la población ya se ha vuelto evidente.

“……es un ente que se ha desarrollado de esa forma, sin posibilidades de ser controlado…..en ese sentido, cuando a fines de los 90´ comenzamos con otras organizaciones a cuestionar estas cosas, yo pienso que al CEAMSE lo encontramos no preparado para dar respuestas…o sea, durante veinte años se habían acostumbrado a contestar cualquier tontería”

(Ingeniero T., Ambiente Sur).

Por lo tanto, en la medida en que el CEAMSE no dio respuesta y avaló la construcción de celdas en altura hasta un nivel en que todo el sistema colapsó, contribuyó con ese accionar a generar un estado de cuestionamiento central a todo el sistema de rellenos sanitarios y, en mayor medida, a una posición crítica del modelo de gestión de residuos sólidos urbanos en su conjunto. Esto llevó a que los propios actores ampliaran su horizonte de indagación hacia otros actores con responsabilidad política: los municipios, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, las diferentes áreas de política ambiental.

En una segunda instancia, el gobierno provincial y los respectivos gobiernos municipales, se reposicionan como “afectados” y este es otro punto de inflexión que merece destacarse en lo que tiene este caso como hiato para la crisis institucional en la gestión de los residuos sólidos urbanos en la metrópolis de Buenos Aires. En ese momento, la interpretación de las características del territorio (o la región, según el caso), sus legítimos ocupantes, los derechos de los habitantes y el papel de las autoridades locales y provinciales, empieza a cambiar y se produce espacio articulado de presión sobre el CEAMSE.

Así, el proceso de elaboración de los contra-argumentos necesarios para mostrar la inviabilidad del relleno y la insustentabilidad del modelo CEAMSE siguió un camino en que los actores fueron reuniendo información, reclutando aliados y definiendo puntos centrales de controversia. Sus argumentos fueron ganando complejidad y asimismo se fueron consolidando como temas de agenda local. A continuación, esbozamos las principales líneas de exploración y aprendizaje colectivo. Es importante decir, sin embargo, que las organizaciones también tienen divergencias en sus puntos de vista sobre cada uno de estos temas.

Causas y consecuencias sobre la salud: el derecho al ambiente sano como argumento movilizador[10]

Para los actores protagonistas de esta lucha, la operación inadecuada del relleno sanitario Villa Domínico fue la causa de los daños irreparables sobre la salud de los habitantes de las áreas lindantes.

Sus principales argumentos socio-técnicos se concentran en señalar que el relleno sanitario operó sin respetar las normas de ingeniería sanitaria recomendadas internacionalmente [11] y que la sucesiva renegociación de los contratos más allá del tiempo estipulado para su cierre, resultó un agravante de daños irreparables generando la contaminación del suelo, la degradación de los acuíferos subterráneos, la contaminación del aire por las emanaciones gaseosas y finalmente afectando (por escurrimiento de los lixiviados) la calidad de las aguas del río de la Plata. Pero para que esta demanda se hiciera visible, en primer lugar, tuvo que existir una conexión causal que sentara las bases para identificar sus consecuencias sobre las condiciones de salud de la población.

Cuando se manifiestan señales de alarma por las afectaciones de cáncer en los niños, esto activa el proceso de movilización y se inicia una investigación local. Con la ayuda de los investigadores del CIMA (Universidad Nacional de La Plata) las Madres de las Torres logran establecer que un factor agravante fueron los incendios accidentales en el predio.

"Cuando llevamos todos nuestros estudios a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, los investigadores de medio ambiente no podían creer lo que veían y nos preguntaron si había incendios recurrentes en esa zona. Luego de algunas averiguaciones, nos enteramos que el 12 de diciembre de 1998 se produjo un incendio en la cava principal del CEAMSE, que tardó diez días en terminar de apagarse. Los investigadores nos dijeron que estos gases, cuando se incendian, son muchísimo más cancerígenos aún y nosotros estuvimos expuestos a ellos durante 10 días. La conclusión de este equipo es que los chicos que estaban con predisposición cierta genética se enfermaron durante esos días".

(M., “Madres de las Torres”).

A partir de allí lo que anteriormente se percibía o intuía como un “factor de riesgo” -esto es, la contaminación suscitada por el relleno sanitario aledaño a las Torres-, ahora deviene en “daño a la salud consumado” luego de sucesivas averiguaciones, búsqueda de información y de respaldo de parte de autoridades gubernamentales y científicas. Hay familias que son damnificadas directas en este proceso conflictivo y esto mismo activa mecanismos de búsqueda de legitimación de las hipótesis formuladas en torno a esa posible relación “relleno sanitario/ daño a la salud”.

Si, como ha señalado Mary Douglas (1982): “la cognición de peligros y la elección de los individuos ante determinados riesgos tienen más que ver con las ideas sociales de moral y justicia, que con ideas probabilísticas de costes y beneficios en la aceptación de los riesgos”, aquí podemos identificar que hay una idea de justicia por la cual las propias Madres ponen en evidencia una desigual distribución de los riesgos ambientales y sus consecuencias nocivas para la salud de la población. El derecho a vivir en un “ambiente saludable” se encuentra de esta manera quebrantado, por lo cual la relación salud/ justicia comienza a cobrar sentido en el proceso de búsqueda de información y formulación del reclamo.

Brown y Mikkelsen (1990) han desarrollado numerosas investigaciones en referencia a un proceso social- cognitivo que denominan “epidemiología popular”. Se trata de construcción de saberes locales, dónde los ciudadanos identifican patrones que dan origen a un problema de salud ambiental a partir de un conjunto vago de síntomas, respecto de los cuáles consiguen evidencias que luego se diagnostican como enfermedades hasta el momento desconocidas. Esto genera un rol activo de los actores en su proceso colectivo de búsqueda de conocimiento.

“En el año 1999 se enfermó mi hijo Fabricio de nueve años, lo internamos con un “linfoma de Hopkins” oncohematológico. Ya en el hospital yo encontré en la sala de espera –en el mismo lugar que se hacía los estudios mi hijo- a un vecinito de acá de 13 años, con el mismo diagnóstico. Ya me llamó la atención, bueno, casualidad... Pero entre internación e internación cada vez que llegamos acá, cada diez o quince días, nos enteramos de otro caso más. Acá vos ves que son 48 torres, acá adentro está la Iglesia, el centro comercial, las escuelas, el jardín, el jardín maternal, la unidad sanitaria. Y más o menos la gente se conoce; no todos, pero nos conocemos... Y llamó mucho, mucho la atención que cada quince días aparecía un caso nuevo.” (…) Así que bueno, nos conectamos con otras mamás y bueno, la preocupación empezó porque todo el mundo quería saber qué pasaba, porque era como una epidemia aparentemente, era una cosa que saltó de golpe. (…) Yo empecé a averiguar por Internet sobre el tema; otra mamá averiguó por Fundaleu; nos fuimos poniendo en contacto a ver qué era lo que averiguábamos y bueno, todo daba con lo mismo: que estaba directamente relacionado con gases como benceno, tolueno, diclorotileno, triclorotileno, una lista... El tema era saber dónde lo teníamos nosotros acá.”

(M., Madres de las Torres)

Tal como demuestra el relato, las sospechas de contaminación se acrecientan y deciden recurrir a “fuentes de autoridad reconocidas” tales como: especialistas de Fundaleu, una investigación realizada en 1997 por el propio CEAMSE y profesionales del CIMA , cuyo informe resultó determinante para la consideración del problema como asunto de preocupación pública ligada al medio ambiente. Consecuentemente, en el año 2001 este grupo de madres organiza un relevamiento de problemas de salud en el barrio. Realizaron un trabajo de relevamiento en 22 edificios, relevaron 489 departamentos y 1636 habitantes. Los principales resultados fueron 7 casos de leucemia (4 fallecidos), 8 casos de linfoma de Hopkins (3 fallecidos), 5 casos de cáncer de piel (2 fallecidos), 42 casos de cáncer de diversos tipos (14 fallecidos). El informe da cuenta de cientos de personas con diversas enfermedades como por ejemplo: respiratorias: 148 casos, intestinales: 69, piel: 97, tos inespecífica: 116 casos, irritación de las mucosas: 260; entre otras.

Es así como comienzan a hablar e intercambiar experiencias y evidenciar coincidencias; al tiempo que van estructurando una particular forma de comunicación con delegadas en cada edificio. Esta forma de organización está estructurada en torno al papel que estas mismas mujeres desempeñan en la gestión cotidiana de distintos recursos en el ámbito doméstico-local, sea para el cuidado de sus hijos, de su familia y/o su comunidad. La noción de los “intereses prácticos de género” (Molyneux: 1985) explica por qué las mujeres actúan colectivamente en respuesta a diversas amenazas dirigidas a sus familias y comunidades y “asumen la autoridad para hablar por las comunidades enteras” (Bryson y otras: 2001).

Del cuestionamiento al modelo de gestión de residuos sólidos urbanos al debate por los usos públicos del suelo urbano

Como señalamos antes, el CEAMSE ha sido el principal actor cuestionado en este proceso y ello se evidencia en las pancartas, producción de afiches, recursos de movilización, carteles en la vía pública y producción de material de difusión. Sin embargo, un punto central a destacar es que a medida que evoluciona el conflicto y aparecen nuevos actores con fuertes intereses de valorización inmobiliaria, el cuestionamiento de parte de el grupo de organizaciones más activo en la actualidad alcanza a otros actores: notablemente la empresa Techint (actual promotora del proyecto inmobiliario) y los actores municipales, que funcionan como grandes garantes de las condiciones de realización del proyecto.

En tanto, lo que está en discusión aquí es la posibilidad de usar el suelo como recurso de valorización mercantil inmobiliaria, los miembros de estas organizaciones han virado su foco de atención hacia una discusión territorial sobre el uso público del suelo. Los debates y controversias se refieren a las consecuencias de este emprendimiento en términos de alteraciones al paisaje, el ecosistema y el acceso público al Río de la Plata.

La disputa por el control del territorio implica el replanteamiento de su valor como espacio de reserva para usos futuros, territorio que, en el repertorio desplegado por algunas organizaciones, debe ser protegido en tanto pieza ecológica única y frágil. Única, porque la franja litoral costera del Río de La Plata de los Municipios de Avellaneda y Quilmes, presenta una elemento relictual de la Selva Paranaense, lo que implica un valor ecológico para la región y la comunidad que incluye desde la ribera hacia el interior, el sector de la playa, los juncales, el albardón y la selva marginal. Frágil, porque se trata de un espacio ambiental fuertemente amenazado por la presión degradante de efluentes industriales y cloacales, porque es el territorio de desagüe de tributarios altamente contaminados (el Riachuelo, el arroyo Sarandí, el canal Santo Domingo, emisarios clandestinos de industrias y viviendas ) y porque aún el pasivo ambiental generado por el relleno sanitario no ha sido saneado . En consecuencia, el río de la Plata se ha vuelto una referencia simbólica central en los lenguajes de valorización territorial. Para estas organizaciones su preservación está por encima de cualquier interés especulativo inmobiliario de corto plazo.

Es importante destacar que aquí hay un reposicionamiento del rol de los municipios. La posición del municipio de Avellaneda ha sido la de oficiar como promotor y garantizador del proyecto. En efecto, en palabras del ex intendente de Avellaneda: "A partir de la invitación que le hicimos para participar de un proyecto de parque ecológico, la gente de Techint nos elevó esta propuesta que nos resultó más interesante" (La Nación, 14-02-08). En el municipio de Quilmes, el Intendente aseguró que “el beneficio es amplio, ya que esas tierras son absolutamente privadas y la población no tiene acceso al río. Una vez que se concrete el proyecto, el 70 % estará abierto y será público. Soy impulsor del crecimiento mirando al río” (La Nación, 14-03-08).

Aquí aparece una cuestión frecuentemente tratada en la literatura sobre conflictos ambientales: los promotores de los proyectos hacen una evaluación en términos de costos y beneficios traducida a dinero, y consiguen rápidamente apoyos de los gobiernos locales, que hacen una homologación rápida de cualquier tipo de emprendimiento que implique ingresos a las arcas municipales, sin tener en cuenta sus consecuencias sociales, económicas y ambientales a futuro y sin considerar el proyecto en el contexto del ordenamiento ambiental del territorio en una perspectiva de largo plazo.

En esos términos, las autoridades locales buscan manejar el conflicto mediante la utilización de un lenguaje experto (aquí los que dan el argumento son los promotores inmobiliarios) que comunica decisiones inapelables y -cuando esto no es suficiente- recurren a un manejo clientelar del conflicto. Como ha señalado Francisco Sabattini “una manifestación del clientelismo ocurre cuando los proponentes de los proyectos o personas interesadas en su realización tratan de comprar voluntades entre sus opositores potenciales o manifiestos. Estos intentos de captación son habituales en los conflictos ambientales locales y sobre ellos descansa un tipo informal, no explícito de negociación ambiental” (Sabattini, 1997; Sabatini y Worlmald, 2004)

Habitualmente las empresas – y en algunos casos los gobiernos- que promueven los proyectos utilizan un lenguaje económico que se refiere a un análisis costo-beneficio con todas las externalidades traducidas a dinero, y a partir de una evaluación de impacto ambiental, que permitirá decidir la viabilidad del proyecto. Sin embargo, los afectados, aunque entienden el lenguaje económico y aunque piensen que es mejor recibir alguna compensación económica que ninguna, acuden a otros lenguajes que están disponibles en sus culturas. (Martinez Alier, 2004:16). “¿Vale argumentar en términos de la subsistencia, salud y bienestar humanos directamente, o hay que traducirlos a dinero? ¿Qué valor tiene el valor estético de un paisaje, no traducido en dinero sino por sí mismo? ¿Cuánto vale la vida humana, no en dinero sino en sí misma?” (Martinez Alier, 2004:17).

En la actualidad la presión de la empresa promotora del emprendimiento ha logrado que el Concejo Deliberante del municipio de Avellaneda rezonifique el área en cuestión, cambiando la categoría de “zona de reserva” por la de “zona de gestión especial”, lo que habilita a la construcción de equipamiento urbano, residencial y recreativo en lo que otrora se denominaba la “selva marginal”. Esto de por sí ha facilitado el aumento del valor económico unitario de las hectáreas de tierra en posesión de la empresa.

A medida que el conflicto se localiza territorialmente, se multiplican los actores que participan y esto trae consigo una complejización del debate y una diversidad de puntos de vista: si las organizaciones ambientales territoriales siguen ampliando sus contra-argumentos para oponerse al proyecto, el grupo de las Madres de las Torres y algunas Sociedades de Fomento locales han dado su anuencia al emprendimiento Nueva Costa del Plata. Esto se debe a que en los conflictos ambientales es común que se reconfiguren una pluralidad de demandas que incluyen el acceso a la justicia, la defensa de los bienes públicos y ambientales, pero también la protección del patrimonio económico. Es probable que algunas de estas organizaciones haya replanteado su interés en términos de la valorización de las propiedades inmobiliarias existentes.

Esto último tiene que ver con la conformación policlasista de los colectivos que participan en las acciones en defensa del ambiente. Las “asambleas ciudadanas” o “asambleas autoconvocadas” son, un ámbito de articulación de los diferentes actores sociales que se autodefinen como “afectados” por el avasallamiento de derechos. Estas redes reclutan gente de diferentes clases sociales, grupos profesionales, diversidad de filiaciones culturales y étnicas. Como tal, se instituyen en un ámbito de deliberación dentro del cual una variedad de demandas en relación a utilización de los recursos, propiedad, derechos y poder pueden ser reconfiguradas.

Los principales puntos de controversia que continúan abiertos se refieren respectivamente a:

La cuestión de la legitimidad del traspaso de las tierras. Una de las organizaciones ha impulsado una demanda legal contra la empresa SYUSA argumentando que no le corresponde la posesión de los terrenos por haber incumplido el contrato con el CEAMSE,

La discusión sobre el valor de la franja costera y su calidad de reserva natural y pulmón verde del partido de Avellaneda. Diversas organizaciones se concentran en poner en evidencia el pasivo ambiental de Avellaneda, no sólo por las afectaciones del relleno sanitario sino también por las emanaciones de Dock Sud y la contaminación de los arroyos. En esos términos, la idea de la franja costera como “pulmón verde” es una forma de compensación del déficit ambiental histórico.

El riesgo de potencial de expulsión de población de menores recursos a partir de un proceso de valorización inmobiliaria. En el área hay varios asentamientos informales y son muchas las voces que señalan el antecedente del proyecto Puerto Madero como un mal ejemplo en términos de un proceso de valorización inmobiliaria que fomenta formas de utilización vinculada a sectores de alto consumo y poder adquisitivo, excluyendo el acceso a la población de menores recursos.

El debate sobre la legitimidad de los procesos de consulta y control de gestión. Si bien, por un lado hubo dos audiencias públicas para tratar el proyecto en los respectivos municipios, los participantes de la consulta señalan que su participación fue restringida pues no pudieron hacer preguntas y recibir las respuestas, y no contaron con tiempo suficiente para revisar los estudios de impacto ambiental que nunca estuvieron disponibles en forma irrestricta para el acceso del público. Por el otro, algunos vecinos cuestionan la calidad de los estudios de impacto ambiental que, en lugar de funcionar como línea de base anterior a la evaluación del proyecto, están presentados en un mismo cuerpo junto con el proyecto de urbanización.

Conclusiones: contribuciones al debate político sobre la gestión ambiental en la región metropolitana de Buenos Aires

Esperamos que nuestra descripción haya sido elocuente en términos de resaltar la significación de la acción colectiva ambiental en la metrópolis de Buenos Aires como forma de valorización territorial y como un punto de inflexión para una discusión más abierta sobre el “modelo centífrugo” de la gestión de los residuos sólidos urbanos.

Estas acciones colectivas de reclamo ambiental han jugado un papel muy significativo en la producción de representaciones que revalorizan y cualifican el espacio, estableciendo un renovado lazo social entre los colectivos movilizados y el territorio. Esas modalidades de apropiación simbólica otorgan un peso diferencial a la cuestión ambiental, a partir de valorizar ciertos bienes de la naturaleza como bienes comunes que es necesario proteger, recomponer, reparar y asimismo, y prevenir que no sean afectados por daños futuros: el río de la Plata, la selva marginal, el valor de la franja costera como espacio de recuperación ambiental, por citar sólo los ejemplos aquí presentados, se constituyen en elementos privilegiados en la construcción de lenguajes de valoración sobre el territorio y adquieren significado en tanto en bienes definidos como públicos.

Sin embargo, también es importante destacar que los conflictos ambientales son conflictos de intereses y, en la medida en que el territorio empieza a ser un espacio de valorización inmobiliaria, se ponen en marcha actores especulativos poderosos que ejercen fuerte presión sobre los usos públicos del suelo. Cuando sólo se trataba del conflicto por el cierre del relleno sanitario lo que estaba en juego era el reparto de externalidades negativas para la población. En la actualidad, la promesa de un mega-emprendimiento inmobiliario abre importantes interrogantes acerca de las externalidades positivas y su impacto sobre los ciudadanos históricamente afectados en términos sociales y ambientales. El peligro aquí es que a un desigual reparto de las desventajas ambientales venga a sumarse un proceso de gentrificación que expulse a la población de menores recursos que habita en la región. ¿Quiénes serán los beneficiados en el acceso público al río de la Plata? Cuáles serán las ventajas para el conjunto de la población de Avellaneda? ¿Existen mecanismos de compensación social, económica y ambiental para un conjunto de ciudadanos que durante décadas ha estado sometido a la presión de diversas amenazas contaminantes y peligros tóxicos?

Por su parte, si repasamos la narrativa de los acontecimientos que aquí ha sido expuesta podemos rescatar fuentes de controversias y puntos de pasaje obligatorio que son insumos valiosos para una agenda político-institucional sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

En su dimensión institucional, porque esta batalla por los rellenos sanitarios expresa un déficit en la calidad de los organismos metropolitanos de gestión, en su falta de adecuación a la dotación de recursos y actores en el territorio local, en referencia a los problemas de adecuación tecnológica -hoy en día sería impensable localizar un relleno sanitario en un área baja, inundable y próxima a una reserva fundamental de agua dulce como es el río de la Plata- y en su aspecto organizacional – que no toma en cuenta las diversas fases en el manejo integrado de los residuos-.

Es importante señalar que un organismo cómo el CEAMSE casi no ha sufrido modificaciones para dar respuesta a cambios importantísimos en la dinámica de crecimiento poblacional de la región metropolitana. Los cambios sociales desde la creación del CEAMSE a la fecha han sido muy importantes: han cambiado los patrones de crecimiento urbano, ha ganado importancia la cuestión municipal, hay actores nuevos tales como organizaciones territoriales, grupos ambientales y recuperadores informales. Asimismo se han formado conjuntos habitacionales completos instalados en las proximidades e incluso sobre los rellenos sanitarios. Todo ello expresa un tema de gobernabilidad política que no puede ser desconocido y que de ningún modo puede resolverse bajo la lógica de un único organismo centralizador.

En su dimensión ambiental, porque la cuestión ha ganado espacio público y forma parte de los lenguajes de valorización territorial. Estos procesos conflictivos han permitido que organizaciones y pobladores hayan desarrollado aprendizajes “contra-expertos”. Hoy en día los vecinos tienen una relación diferente con su espacio de proximidad y términos como “ordenamiento ambiental del territorio” “gestión de cuencas” “protección de humedales” “protección de las fuentes de agua dulce” etc., etc., forman parte del vocabulario, la agenda de las organizaciones, su repertorios y demandas. La sanción de nuevas leyes ambientales y la existencia de organismos de articulación de demandas tales como las defensorías del pueblo, han contribuido a ampliar y reformular el lenguaje de derechos. Los bienes ambientales, considerados como bienes públicos, forman parte de un nuevo repertorio de derechos colectivos.

En su dimensión de justicia distributiva. Este conflicto, al igual que tantos otros, ha impulsado una discusión sobre el rol de la zona sur metropolitana en el reparto de desventajas ambientales. La discusión en torno al modelo centrífugo de la disposición de la basura que facilita que los sectores de mayor nivel adquisitivo puedan desentenderse de la generación de los residuos en tanto estos se disponen en los territorios de relegación social, da lugar a una discusión más amplia en torno a la segregación socio-ambiental. En ese sentido, este conflicto es, sin duda una disputa por justicia distributiva, en tanto lo que se pone en cuestión es la localización de los rellenos sanitarios cerca de las áreas residenciales pobres. Por otra parte, deja abierta la pregunta sobre la distribución de las externalidades positivas, cuándo estos mismos espacios se transforman en ámbitos de especulación inmobiliaria.

Es importante decir que este carácter marcadamente territorial de los conflictos tiene consecuencias en las dinámicas de relación entre grupos organizados y poderes públicos. En la Región Metropolitana de Buenos Aires, las demandas ambientales, se cuentan entre los pocos temas de agenda que, lentamente, han comenzado a poner en cuestión una forma de gobernabilidad metropolitana que es funcional a un modo de acumulación política que deja a los municipios en un espacio subsidiario, que asimismo refuerza la segregación espacial, ambiental y social.

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[1] Se trata de un grupo de mujeres que reside en un complejo habitacional lindante al relleno sanitario, conocido bajo el nombre de “las Torres de Wilde” (partido de Avellaneda). En una de las entrevistas realizada a la referente del grupo, cuenta que se llaman así “Porque fuimos justamente un grupo de madres que en el comienzo del año ’99, cuando nuestros hijos se enfermaron, (…) empezamos a sospechar que algo raro pasaba. Éramos todas mujeres, todas madres. (…) Y el título se lo puso el programa de Telenoche Investiga, “las Madres de las torres”. (Entrevista a Marcela Adriani. Abril del 2007).

[2] Sólo por citar algunos ejemplos de la creciente conflictividad diremos que durante al menos dos años los vecinos de Coronel Brandsen (Provincia de Buenos Aires) mantuvieron una férrea oposición (manifestaciones en Plaza de Mayo, cortes de la ruta 2, asambleas vecinales, reclamos ante la Corte Suprema de Justicia) a la instalación de un relleno sanitario en la localidad. Finalmente, el gobierno provincial debió desistir del proyecto. Asimismo, desde el año 2005 diversas organizaciones sociales y ambientalistas reclaman por el cierre del Relleno Sanitario de Ensenada. La justicia ordenó el cierre del relleno en 2005 y en 2006 se estableció su clausura mediante un convenio entre el municipio y la Subsecretaría de Política Ambiental que debería concretarse a fines de ese año. Hasta el momento de redacción de este artículo, la fecha del cierre definitivo se sigue posponiendo. De los tres rellenos sanitarios actualmente en actividad (Ensenada, Norte III y Gonzalez Catán) dos de ellos están en serios problemas: Ensenada debe cerrar y el propio CEAMSE informó que al relleno sanitario Norte III, tendría una vida útil estimada en dos años más y que por eso se está evaluando ampliarlo.

[3] En el marco de la investigación “Conflicto Ambiental y Territorio en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, llevamos adelante un proyecto de reconstrucción del conocimiento local a través del lenguaje audiovisual. Como resultado de ese proceso, hemos recogido valiosos testimonios durante la filmación de “Atravesando el río: la orilla escondida”, un documental que reúne diferentes narraciones en torno al cierre del relleno sanitario y en el que se expresan los puntos de vista en conflicto de los diferentes actores.

[4]La sostenibilidad o la insostenibilidad está íntimamente relacionada con la presión que ejercemos sobre los sistemas que nos dan soporte. Esta presión se ejerce, fundamentalmente, por dos vías, una por la explotación de los ecosistemas de la Tierra extrayendo recursos y trasladándolos a las ciudades, otra por impacto contaminante fruto de la gestión que de esos recursos hace el hombre, sobre todo en las ciudades. La gestión de los residuos sólidos urbanos en la ciudad representa un importante desafío para controlar el impacto contaminante de las actividades humanas. Los residuos son una de las cargas que más influye en la desestabilización de los ecosistemas. Su gestión insustentable implica un alto nivel de ineficiencia en el consumo de recursos y un alto nivel de impacto en la utilización de tierra urbana que estaría disponible para otros usos sociales, económicos y ambientales.

[5] En la actualidad, hay conflictos interjurisdiccionales en torno a la posible ampliación del Relleno Norte III. En este caso, la ampliación sería hacia el municipio de San Miguel y utilizando además terrenos de Campo de Mayo (de propiedad del ejército). Las autoridades del municipio de San Miguel, anunciaron recientemente a la prensa que “no van a aceptar que se amplíe el relleno" y, por el contrario, está apuntando a que se le garantice una fecha de cierre entre 2012 y 2015. (Clarín, 28/02/2010)

[6] « Lejos de la vista, lejos de la mente » Melosi, M.,2005, Garbage in the cities, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 302 p., p.17

[7] Los proyectos de instalar nuevos rellenos sanitarios en Zárate, Campana y en el municipio de La Plata han sido resistidos por las autoridades municipales. En declaraciones a la prensa, el titular de la Agencia Ambiental del Municipio de La Plata, Sergio Federovisky señaló recientemente: "Vamos a salir del sistema de la CEAMSE, que ha colapsado conceptualmente, porque no dispone la basura de un modo ambientalmente sustentable. Los rellenos sanitarios tienen un altísimo rechazo social y debemos ir hacia sistemas de tratamiento de la basura que la aprovechen de otra manera". (Clarín, 28/02/2010).

[8] Agradezco a Patricio Besana por la realización de un excelente informe de investigación del cuál pude extraer datos valiosos para la elaboración de esta cronología.

[9] El proyecto, presentado en la Audiencia Pública en el Municipio de Avellaneda el día 26 de noviembre de 2008, abarca un total 102 hectáreas en el partido de Avellaneda y 128 hectáreas en el partido de Quilmes. El megaproyecto fue presentado ante la prensa como una prolongación sur de Puerto Madero, abarcaría una inversión inicial de entre 50 y 80 millones de dólares para montar viviendas y hoteles de lujo y comercios en una franja ribereña de casi 3 Km. Prevé incorporar cuatro cavas inundadas de considerable extensión -que se originaron en las perforaciones para extraer tosca utilizada en la cobertura del relleno sanitario- anexadas en el plan maestro.

[10] Este apartado ha sido elaborado en base a Merlinsky, G y Fernández Bouzo, S (2007).

[11] Para minimizar el impacto ambiental de los rellenos sanitarios es preciso disponer capas impermeables en el fondo del relleno para prevenir derrames de lixiviados. Asimismo, todo relleno sanitario debe tener un sistema de monitoreo de la calidad de aguas superficiales y subterráneas cercanas y equipo para la recuperación y procesamiento de metano. En el relleno Sanitario de Villa Domínico esas medidas no fueron respetadas. En la actualidad el terreno ha sido concesionado a dos empresas diferentes que se ocupan respectivamente de la quema del metano y del tratamiento de los lixiviados. En el documental Atravesando el río: una orilla escondida, Martín Bóveda Encargado jefe de planta ECOPRENEU (la planta de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario de Villa Domínico) ante la pregunta por la cantidad de tiempo que llevaría estabilizar la carga contaminante del relleno, respondió: “el problema es la característica del lixiviado para volver volcar a un curso. Entonces siempre va a haber lixiviado. No se sabe cuál es la cantidad de tiempo necesaria para la estabilización final del relleno: eso nos va a dar la experiencia. Siempre se habla de 30 años, por lo menos, no lo sabemos. Acá ya van unos 6 años y el lixiviado ha cambiado muchísimo, pero tuvimos que ampliar la planta para una mayor capacidad de procesamiento”. Fuente: Documental: Atravesando el río: una orilla escondida. 2009.